Por José Antonio González
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaria de Salud, Hugo López – Gatell seguirá bajo la mira de un juez federal después de haber sido denunciado por presunta negligencia médica, falta de deber, cuidado y el debido ejercicio a la función pública durante la pandemia de Covid – 19.
El abogado Javier Coello Trejo, presentó el caso del ciudadano Felipe del Carmen Jiménez Pérez quien falleció víctima del virus por supuestas “negligencias de diversas autoridades”.
Arturo Medel Casquera, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur revocó la determinación del Ministerio Público quien había decidido no ejercer acción penal contra el funcionario de la salud.
“…es por ello que este juzgador revoca el decreto del no ejercicio de la acción penal del 22 de marzo de 2023. La fiscalía tiene que seguir con sus actos de investigación”, precisó.
“He mencionado algunos aspectos únicamente de manera enunciativa, más no limitativa, la fiscalía es la que tiene en su poder ese cúmulo de acciones que se han implementado y de ese cúmulo de acciones, pues puede consultar con expertos qué otra acción pudo haber sido eficaz o se dejó de hacer por parte del gobierno mexicano y de sus funcionarios como en el caso del subsecretario correspondiente”, señaló el juzgador durante una audiencia celebrada el pasado 2 de mayo.
La resolución fue dada a conocer por el abogado Javier Coello Trejo, por lo que la FGR deberá seguir con la investigación para que desahogue más datos de prueba e indague a fondo estos sucesos.
En la denuncia presentada el 25 de noviembre de 2020, se menciona que Jiménez Pérez falleció víctima de covid por la negligencia de diversas autoridades.
El asunto se turnó al agente del Ministerio Público Federal, titular de la célula I-IV del equipo de investigación y litigación de la Delegación de la FGR en la CDMX, pero un mes después emitió un acuerdo donde mencionaba que se abstenía de seguir con la indagatoria.
El acuerdo fue impugnado ante un juez de control, pero confirmó la resolución ministerial.
Esto provocó que la familia promoviera un amparo, pero en primera instancia se les negó la protección de la justicia.
En la revisión, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió el amparo, motivo por el cual se tuvo que llevar a cabo una nueva audiencia, donde se dio la orden de iniciar la investigación.
