Claudia Bolaños
Y SEPA LA BOLA…. pero los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han dejado en claro que están a favor de los derechos humanos, pero admitieron, en la reciente discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, que no violarán la supremacía de la Constitución Política Mexicana.
Por lo que el mensaje fue claro y directo para los legisladores constituyentes, que deberán redactar una nueva ley penal, que no lastime uno de los principales derechos del ser humano, que es la libertad.
El ministro presidente del alto Tribunal, Arturo Zaldívar, fue el principal exponente en lo que refiere el respeto a los derechos humanos y el papel de la Corte en esa materia.
En su reciente visita al penal femenil de Santa Martha Acatitla constató el dolor que causa el abuso de la prisión preventiva oficiosa en mujeres, que no están sentenciadas, pero que dicha medida las hace ver como criminales.
Mencionó que la prisión preventiva oficiosa contraviene la convencionalidad a la que México está sujeto en materia de Derechos Humanos, pero reconoció que el Poder Judicial de la Federación no es la instancia para inaplicar la norma o borrarla de la Constitución, pues es materia de otro poder de la Unión, que en este caso recae en las cámaras de Diputados y Senadores.
A 14 años de la promulgación de la Reforma Penal, que cambió el modelo inquisitorio mixto, al de justicia penal adversarial, quedó de manifiesto en la exposición de los Ministros de la Corte, que dicho modelo no corresponde a la realidad que vive el país actualmente y que dejó de lado el respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas.
Sin embargo, las autoridades de todo el país, principalmente las persecutoras de los delitos (fiscalías) temblaron con el proyecto del Ministro ponente Luis María Aguilar, que proponía la no aplicación de la prisión preventiva oficiosa, pues de todos es sabido que dicha figura es utilizada como regla para medir la efectividad de la política y no como un instrumento estrictamente judicial, que solo debería aplicarse cuando el imputado tiene riesgo de fuga o puede afectar el proceso.
Cabe destacar que una de las ministras que desde un inicio mostró su oposición a la propuesta del ministro aguilar es la de Loretta Ortiz, pues más allá de defender la supremacía constitucional y la rigidez del plano constitucional, aclaró que la misma reforma de 2008 estuvo mal pensada y diseñada, pues admitió que la prisión preventiva contraviene los derechos humanos de los imputados, cuando estos son llevados a prisión, sin mayor argumento; es decir, existe la denotación de un claro abuso.
Es por esa razón que el Constituyente debe repensar los alcances de dicho modelo penal y en consecuencia de su figura reestructiva hacia una nueva redacción y que se concrete en una reforma constitucional.
Pero debido a los tiempos que México enfrenta, se aprecia difícil que eso suceda y más cuando existe a cuestas un alto nivel de criminalidad e impunidad en todas las latitudes de México.
Y SEPA LA BOLA… pero otro caso que mantiene polarizada a la opinión pública es el tema de la Guardia Nacional y su inminente incorporación al Secretaría de la Defensa Nacional.
Existen voces que advierten de riesgos en la vida civil por la creciente participación de las fuerzas armadas en la vida pública del país.
Sin embargo, otra óptica dice que es necesario mantener orden en las fuerzas federales, pues su disciplina y formación evita que caigan en actos de impunidad o de corrupción.
Los grupos parlemntarios en San Lázaro aprobaron esa iniciativa en concordancia con la politica de seguridad del gobierno federal, pero la fracturada alianza Va por México ha desplegado una amplia campaña para desacreditar esa acción, que es bien vista por millones de mexicanos que están hartos de la delincuencia y de la impunidad que genera la corrupción.
