La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad de 428 votos, reformar el Código Penal Federal, con el objetivo de establecer que comete el delito de robo acuícola quien por sí o interpósita persona se apodere de uno o más ejemplares de especies de flora o fauna acuáticas destinadas al cultivo, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas.
El documento, que se remitió al Senado para sus efectos constitucionales, señala que se equiparará al delito de robo acuícola y se sancionará con la misma pena que el robo de cinco o más unidades, a quien provoque el sacrificio, envenenamiento o enfermedad de especies de flora y fauna acuáticas destinadas al cultivo.
El dictamen, que adiciona un artículo 381 Quintus al ordenamiento, detalla que por el robo de cinco unidades o menos, se impondrá pena de uno a tres años de prisión y multa que deberá exceder el triple del valor de lo sustraído; por más de cinco unidades será impuesta pena de dos a diez años de prisión y multa que deberá exceder el triple del valor de lo sustraído.
Al fundamentar el dictamen vía plataforma digital, la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, de Encuentro Social, dijo que este tipo de delitos se ha convertido en una de las actividades de la delincuencia organizada, -al alza desde 2010- lo que origina pérdida de cientos de toneladas de (Tilapia, pricipalmente). Este delito ya es el modus vivendi de varios delincuentes y actualmente no es sancionado.
Puntualizó que el robo acuícola no está tipificado como delito en el sistema jurídico, ya que, en atención al principio de estricta aplicación que norma el derecho penal, estas conductas no configuran en el delito de abigeato; por ello, “en la Comisión de Justicia coincidimos con la gravedad del problema y la intención de la iniciativa que pretende combatir el robo acuícola”.
Por ello, consideró que con esta reforma se atienden demandas de los productores acuícolas en comunidades rurales y que, en su mayoría, sufren condiciones de marginación.
Se necesitan instrumentos legales que faciliten a las autoridades ofrecer apoyos para el desarrollo sustentable, normas claras y precisas que brinden seguridad y certeza jurídica, aseveró.
Citó que la producción de especies a gran escala se realiza en jaulas, pero los altos costos de la electricidad dificultan instalar infraestructura específica contra el robo y la mayoría de los pescadores optan por tener sus jaulas a oscuras, situación que ha desencadenado una serie de inconvenientes que atentan contra la seguridad.
Al fijar su postura, el diputado promovente, Ricardo De la Peña Marshall, de Encuentro Social, mencionó que uno de los principales problemas que enfrenta esta industria es la tecnificación. “Desde hace 10 años, una de las ramas de esta industria, la camaronera, no ha sufrido mayor cambio y desde que se emplearon técnicas rudimentarias de cultivo no se ha podido emplear otro tipo de tecnologías”.
Vía plataforma digital, afirmó que es importante proteger esta actividad productiva debido a que es primordial para reforzar la seguridad alimentaria de poblaciones locales y crear empleos. “Es necesario dar una solución a esta problemática porque, lamentablemente, perjudica el desarrollo de la actividad acuícola y pesquera, repercutiendo en el ámbito social con el cierre de granjas productivas y pérdida de trabajo”.
