Por Eduardo Yañez
Con el planteamiento de lograr un mayor número sentencias condenatorias contra el delito de trata de personas, cuyo número a nivel nacional asciende entre 2019 y 2020 a 165, concluyó el foro nacional Enfoques y perspectivas desde el ámbito de la justicia en materia de trata de personas.
Con la participación de impartidores de justicia, fiscales especializados, funcionarios de derechos humanos y académicos, en el foro se subrayó la necesidad de colocar en centro de la acción del Estado a las víctimas de ese delito, de sensibilizar a los servidores públicos que las atienden, además de lograr una mayor articulación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para su combate frontal.
Organizado de manera virtual por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, también se expuso en el foro una sentencia emitida en el Poder Judicial de la Ciudad de México por el caso de un padre hacia su hija, y en cuyo análisis la jueza del sistema procesal penal acusatorio, Esperanza Medrano Ortiz, advirtió que los impartidores de justicia tienen la necesidad de que en el juicio se les alleguen las pruebas necesarias para lograr una reparación integral a favor de la víctima.
Durante las intervenciones a cargo del director general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Santana Ángeles; de la fiscales contra la trata de personas de las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, Haydee Vargas Sánchez y Guillermina Cabrera Figueroa, respectivamente, y de la coordinadora adjunta de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Eva Reyes Ibáñez, se enfatizó sobre la importancia de lograr una justicia efectiva e integral a las víctimas.
Se señaló que la actual legislación sancionadora del delito de trata de personas prevé 11 formas mediante las cuales se puede cometer esta figura delictiva, y se advirtió que esta multiplicidad hace complejo entender el fenómeno hasta para la propia víctima, que en ocasiones incluso ni ella misma sabe que lo es.
Esclavitud, condición de siervo, prostitución, explotación laboral, servicios forzados, mendicidad forzada, utilización de personas menores de 18 años para actividades delictivas, tráfico de órganos, adopción ilegal, matrimonio forzado y experimentación biomédica, se señalaron como actividades que se enmarcan dentro de la trata de personas.
Desde el ámbito de las fiscalías especializadas de combate a la trata de personas, se alertó sobre la necesidad de que el personal, desde ministerios públicos, policías de investigación, hasta el que atiende los refugios, estén debidamente capacitados y sensibilizados para respetar los derechos humanos de las víctimas.
Asimismo, se expuso la importancia de fomentar la cultura de la denuncia de la trata de personas entre la sociedad, a fin de lograr un combate más frontal contra esa actividad.
Se analizaron, además, aspectos como la igualdad de trato ante la ley, la igualdad estructural y la perspectiva de género, como premisas para una atención adecuada a aquellas personas que sufren el delito, sin ser revictimizadas y vulneradas en sus derechos a recibir justicia.
