Por Pablo Daniel N
Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), promovió un amparo con el cual busca que se eche atrás la decisión del juez de control que rechazó analizar si prescribió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lozoya enfrenta ese proceso por el caso Odebrecht.
El amparo fue turnado al juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, pero su titular, la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, aún no la admite a trámite, porque previno al quejoso que aclare la fecha en que promovió el recurso de revocación.
El amparo fue presentado el 31 de mayo, y en este impugna “la negativa por parte del juez de escuchar, analizar y resolver los argumentos planteados sobre la prescripción del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
El 10 de mayo, Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, determinó que no era el momento procesal oportuno para solicitar que se analice si prescribió el mencionado delito.
Los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso argumentaron que la prescripción operaba porque la denuncia de este caso debió ser presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Asimismo, señalaron que transcurrió más del tiempo necesario para presentar la denuncia, motivo por el cual la causa penal debía ser sobreseída.
Es de mencionar que, Emilio Lozoya permanece interno en el Reclusorio Norte porque se decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el proceso que enfrenta por los presuntos delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Odebrecht.
Los abogados buscaban el sobreseimiento de la causa penal, lo que derivaría en su libertad.
El pasado 13 de marzo de este año, el juez Genaro Alarcón dictó apertura a juicio oral contra Emilio Lozoya.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa del ex funcionario interpusieron recursos que han retrasado que Emilio Lozoya vaya a juicio.
En agosto de 2020, la FGR inició una investigación porque Emilio Lozoya denunció al ex presidente Enrique Peña Nieto, y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haberle ordenado repartir más de 100 millones de pesos de sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial de 2012 y de comprar con 120 millones de pesos votos en el Congreso de la Unión para aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014.
Lozoya aseguró también que se otorgaron beneficios económicos a Braskem, filial de Odebrecht, la cual en asociación con la compañía mexicana IDESA, tenían en sus manos el proyecto de la planta Etileno XXI, en Veracruz, lo que generó perdidas muy grandes al gobierno federal.
