Por Isai Romero
Desde ahora quedó invalidada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas.
Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la sesión pública de este lunes.
El pleno del máximo tribunal del país votó por mayoría la apelación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a un grupo de senadores de oposición, quienes impugnaron las modificaciones realizadas en noviembre de 2019 a las leyes de Seguridad Nacional, Federal Contra la Delincuencia Organizada y a los códigos Nacional de Procedimientos Penales y al Fiscal de la Federación.
Dichas reformas tipificaron como delincuencia organizada la expedición de facturas falsas por un monto superior a los 7 millones 800 mil pesos.
El ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, consideró que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos, pues aseguró que es “inconvencional”.
Rechazó la ampliación de delitos que ameritan dicha medida cautelar, aun cuando se considere que ponen en peligro la seguridad nacional.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero constitucional.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que ni las características o apariencia del sujeto ni la gravedad del delito que se le imputa son suficientes para una prisión preventiva. El peligro procesal no puede presumirse. Tiene que justificarse”, añadió.
