La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) sufrió un revés en el proceso penal que se sigue en contra de Miguel Ángel Vázquez Reyes, ex colaborador de Miguel Ángel Mancera, a quien el mes de septiembre de este año se le concedió la prisión domiciliaria.
Al acatar el fallo de un tribunal federal, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México decretó la no vinculación a proceso por delito cometido por servidor público relacionado con la suspensión de pago de cuotas de jubilados y pensionados para la prestación del servicio médico subrogado que se realiza al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dentro de la carpeta judicial 012/0103/2020-OA.
Con esta resolución, el ex subsecretario de Administración y Capital Humano podrá obtener su libertad solo en lo que se refiere a este caso, toda vez que fue vinculado a proceso por otro delito similar, motivo *por el cual promovió un juicio de amparo.
El tribunal colegiado confirmó la resolución de un juzgado de distrito que le otorgó la protección de la justicia federal a Vázquez Reyes, al argumentar que el “Ministerio Público no expuso dato de prueba idóneo para demostrar que se ocasionó perjuicio a la hacienda pública, ni siquiera en el grado mínimo probatorio requerido para el dictado de un auto de vinculación a proceso”.
Por unanimidad, los magistrados determinaron que este caso se trata de una “controversia derivada del incumplimiento de un convenio relacionada con la prestación de servicios de seguridad social que, en su caso, debe resolverse y sancionarse por otras ramas del derecho, pero no en el ámbito penal”.
En su resolución, los juzgadores argumentaron que “no toda actividad irregular de los servidores públicos será sujeta a proceso y juzgamiento con base en las normas del derecho penal, estimar lo contrario sería desconocer que en el ámbito del derecho existen otras ramas menos lesivas para la solución de conflictos, por lo cual, los tipos penales se reservan única y exclusivamente para los casos de violaciones graves a las normas de convivencia social”.
Según las investigaciones de la fiscalía capitalina, Miguel Ángel Vázquez habría provocado un detrimento a la hacienda pública por cerca de 266 millones 642 mil 356 pesos, tras suspender el pago por concepto de cuotas de los jubilados y pensionados.
En la otra causa penal, fue acusado de adjudicar en 2017 un contrato de prestación de servicio por 290 millones de pesos y de participar en la creación de tres empresas para la recuperación del impuesto sobre la renta como participación federal para desviar 986 millones de pesos.