La Reforma Judicial en México es un tema de gran relevancia en el ámbito político y social, con posiciones encontradas entre diferentes actores clave. Por un lado, la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, propone una serie de cambios destinados a fortalecer la impartición de justicia y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos, pero quedando al servicio del Poder Ejecutivo.
Entre sus propuestas se encuentra la creación de una Fiscalía General de Vigilancia Judicial, así como la implementación de mecanismos para combatir la corrupción y la impunidad en el sistema judicial, logrando con ello acabar con el poder judicial.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresó preocupaciones sobre ciertos aspectos de la propuesta de Reforma Judicial.
En particular, enfatizó la necesidad de salvaguardar la independencia del Poder Judicial y de respetar la división de poderes en el país.
Es fundamental que cualquier Reforma Judicial cumpla con los estándares constitucionales y los principios del debido proceso, asegurando así la legitimidad y eficacia del sistema judicial mexicano.
Por otro lado, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elegir a ministros y jueces por voto popular generó un intenso debate en la sociedad.
Esta iniciativa busca transformar la forma en que se seleccionan los integrantes del Poder Judicial de la Federación, otorgando a la ciudadanía la responsabilidad de elegir directamente a estos funcionarios, pero quedando al servicio de los partidos políticos, sobre todo del partido en el poder.
López Obrador argumenta que esta medida fortalecerá la independencia y la legitimidad del Poder Judicial, así como garantizará una mayor representatividad y rendición de cuentas en la elección de ministros y jueces, pero todo quedará al servicio del presidente o presidenta en turno.
La propuesta de López Obrador generó opiniones encontradas, con críticas y apoyos tanto dentro como fuera del gobierno. Algunos sectores señalan que la elección por voto popular podría politizar el proceso de selección de ministros y afectar la imparcialidad del Poder Judicial. No obstante, otros ven en esta medida una oportunidad para democratizar y modernizar el sistema judicial en México.
En conclusión, el diálogo, el debate abierto y la colaboración entre las diferentes instituciones y actores involucrados son esenciales para analizar las implicaciones, ventajas y desventajas de estas propuestas de reforma judicial. Es imperativo que cualquier cambio en el sistema judicial se realice de manera transparente, participativa y respetando los principios democráticos y constitucionales para garantizar la justicia y el Estado de Derecho en el país.
