Por Ednna Torres
La coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila presentó una iniciativa para endurecer las penas previstas en el Código Penal del Distrito Federal en materia de ataques a las vías de comunicación y a los medios de transporte.
De acuerdo al documento, la legisladora señala que se incrementa la pena cuando este delito se cometa dolosamente por una persona servidora pública que se encuentre a cargo de la vigilancia o relacionada con la prestación del servicio de transporte, vías de transmisión de energía o cualquier elemento que forme parte de este medio de comunicación.
Por lo anterior, se impondrá una pena de tres a siete años de prisión y de 31 mil 122 hasta 829 mil 920 pesos por el concepto de multa.
“Esta iniciativa tiene como finalidad el disuadir y sancionar la comisión de las conductas que pongan en riesgo la operación del Metro y, con ello, proteger la integridad y la vida de todas las personas habitantes, vecinas y transeúntes de la capital”, expuso.
Esta propuesta busca modificar la fracción V del artículo 138 y el artículo 331 del Código Penal, adicionando dos hipótesis normativas que incrementen las sanciones cuando el sujeto activo sea una persona servidora pública que se encuentre a cargo de la vigilancia o prestación directa del servicio de transporte público.
Destacó el trabajo del Gobierno de la Ciudad de México para el mantenimiento y atención a los trenes, vías y demás elementos que sirven para garantizar el servicio del Metro, y para lo cual destina importantes recursos económicos.
Añadió que en el caso del presente ejercicio 2023 se asignaron al Servicio de Transporte Colectivo casi 19 mil millones de pesos.
Sin embargo, “a pesar de los incansables esfuerzos para mantener el orden y funcionalidad de dicho sistema, se han detectado incidentes atípicos e intencionales que provocan fallas y desperfectos en este medio de transporte; estos eventos ponen en peligro, no solo la operación del servicio, sino también la seguridad e integridad personal de los usuarios”.
Por ello, enfatizó la necesidad de tomar acciones legislativas encaminadas a prevenir dichos actos y endurecer las medidas ya existentes para castigar a quienes provoquen intencionadamente este tipo de daños.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Via para su análisis y dictaminación.
