Por Pablo Daniel N
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene ya para su análisis 125 controversias constitucionales y siete acciones de inconstitucionalidad contra las leyes General de Comunicación Social (LGCS) y General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).
Las acciones son contra la primera fase del “Plan B” de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los municipios que promovieron controversias constitucionales y que buscan que la Corte eche abajo particularmente la LGCS pertenecen a los estados de México, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero, entre otros.
Mientras que las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), diputados y senadores de oposición, y por los partidos políticos PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el partido local de Jalisco “Hagamos”.
El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores y por los partidos políticos.
El ministro otorgó una suspensión, la cual ordena que estas reformas no se apliquen en los estados de México y Coahuila, donde habrá elecciones este año.
“…es necesario preservar la materia del juicio, toda vez que de aplicarse el criterio interpretativo en los procesos electorales que se llevan a cabo en los Estados de Coahuila y en el Estado de México podría (sic) afectarse los bienes jurídicos en juego que son jurídica (sic) del proceso participativo y de los procesos electorales. Además, lo contrarío ocasionaría un daño a la sociedad, pues se modificarían las reglas previstas para los procesos electorales que se desarrollan en el país”, detalla el acuerdo de Pérez Dayán.
