Por Pablo Daniel N
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido tomar el caso del ex comisario de la desaparecida Policía Federal, Javier Herrera Valles, quien busca responsabilizar al Estado por daños y perjuicios causados durante su encarcelamiento. Herrera Valles afirma que fue falsamente acusado de tener vínculos con el crimen organizado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Después de pasar cuatro años en prisión, el ex comisario fue finalmente absuelto y liberado al demostrarse su inocencia. Hace algunos meses, los magistrados del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México solicitaron a la Corte que se hiciera cargo del caso, argumentando que cumplía con los requisitos de “interés y trascendencia” para que la Corte se pronunciara sobre la reparación integral del daño en casos de violaciones graves a los derechos humanos, especialmente cuando hay una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) involucrada.
Javier Herrera ha declarado que su encarcelamiento fue consecuencia de las denuncias que realizó contra el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos por su presunta relación con el narcotráfico.
En este momento, un ministro de la Primera Sala de la Corte está elaborando un proyecto de sentencia que será sometido a votación en las próximas semanas o meses.
Según los antecedentes del caso, Javier Herrera impugnó una resolución emitida por la Décimo Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el 16 de junio de 2022, la cual confirmó la validez del pronunciamiento realizado el 16 de abril de 2019 por la directora general de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial del Estado. Dicha resolución concluyó que las pruebas presentadas eran insuficientes.
El ex comisario presentó una demanda el 5 de septiembre de 2014, reclamando la responsabilidad patrimonial del Estado debido a su detención ilegal y posterior arraigo en 2008. También impugnó el maltrato sufrido durante su custodia, así como las deficiencias y demoras en el proceso penal, que culminó con una sentencia condenatoria el 23 de diciembre de 2011. Sin embargo, esta sentencia fue revocada el 6 de septiembre de 2012 al demostrarse que se habían utilizado testimonios falsos en su contra.
En su demanda, Javier Herrera exige una compensación de 20 millones 637 mil 570 pesos por daños y perjuicios materiales, así como 50 millones de pesos por daño moral. Además, argumenta que la fabricación de pruebas y los falsos delitos imputados por parte de la Representación Social le causaron un perjuicio económico y afectaron la educación y el cuidado de sus tres hijos, de 5, 6 y 10 años de edad.
