Sashi Daniel
Un Tribunal Federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) que emita una resolución definitiva en la investigación iniciada hace 12 años contra el capitán Mauricio Camarena Delgado, ex piloto del gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, ‘Malova’.
Camarena Delgado está siendo investigado por presuntos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ratificó, por unanimidad, un amparo otorgado a Camarena Delgado.
Este amparo obliga a la FGR a pronunciarse respecto al ejercicio o no de la acción penal en un plazo de tres días.
La investigación comenzó en marzo de 2012, cuando el gobierno de Estados Unidos reveló que la empresa Bizjet había pagado sobornos a funcionarios mexicanos para obtener contratos de mantenimiento y reparación de aeronaves oficiales.
Camarena Delgado, entonces director de Transportes Aéreos del gobierno de Sinaloa y piloto del gobernador Malova, fue señalado en una averiguación previa iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR). Según el expediente judicial, el 22 de junio de 2023, un agente del Ministerio Público adscrito a la Secretaría Técnica de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR emitió un dictamen proponiendo el no ejercicio de la acción penal. Esta propuesta fue enviada al Fiscal Especializado de Control Competencial para su aprobación, pero hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto.
El Tribunal Federal ha criticado la dilación de la FGR y ha considerado razonable el plazo de tres días otorgado por un juez de amparo para que se emita una resolución definitiva. El Tribunal subrayó que este plazo es compatible con el derecho a una justicia pronta y expedita, permitiendo al acusado tener certeza sobre su situación jurídica.
Mauricio Camarena fue investigado por supuestamente pagar a Bizjet por mantenimiento no realizado y recibir sobornos de casi 106 mil dólares entre 2008 y 2009. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Bizjet de pagar dos millones de dólares en sobornos a diversas autoridades, incluyendo la Policía Federal y los gobiernos de Sinaloa y Sonora, a cambio de contratos.
