Diana Rojas
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, dijo que los jueces y magistrados han retrasado resoluciones y sentencias, además han tratado de frenar obras estratégicas.
Informó que de las 21 mil personas privadas de la libertad que están en centros federales, 6 mil 97 no han recibido sentencia.
También, dijo que 415 personas privadas de la libertad han esperado entre menos de un año y 17 años para una sentencia.
La funcionaria detalló que a través de suspensiones, el Poder Judicial ha obstaculizado e impedido la aplicación de algunas leyes, obras y reformas que favorecen al pueblo de México, lo cual invade la competencia de poderes.
De acuerdo a la lámina que presentó la funcionaria se han dado 161 amparos en contra de la ley de la industria eléctrica, mientras que en la ley de la Guardia Nacional se dieron 5 amparos.
La titular de gobernación recordó que en diciembre del año pasado la Presidenta de la Suprema Corte Norma Piña convocó a una cena donde asistió el presidente del PRI y los magistrados electorales.
Sobre los procesos viciados en la elección de jueces en el Poder Judicial, dijo que se han documentado casos de corrupción al más alto nivel de la Escuela Judicial, donde se vendieron los exámenes de oposición para jueces en 186 mil pesos.
Detalló que Los concursos de oposición son impugnados por los propios jueces y magistrados con frecuencia por la inequidad, el influyentismo y la falta de criterios objetivos, Neus solo las personas cercanas a jueces y magistrados resultan vencedoras.
Rosa Icela Rodríguez informó que 49% de los trabajadores del Poder Judicial, es decir, 24,546 personas, tienen al menos un familiar trabajando en este Poder, mientras que el 85.4% de los magistrados y el 67% de los jueces, tienen familiares en el Poder Judicial.
La funcionaria dijo que De enero a diciembre de 2023, el Poder Ejecutivo y la FGR presentaron 72 denuncias contra jueces y magistrados ante el Consejo de la Judicatura Federal y ninguna resultó en sanción.
Informó que luego del paro de la bores provocó la cancelación de 12,448 audiencias, aunque se celebraron 31 audiencias, en 16 casos no se emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes.
Acto seguido, expuso los casos que jueces que beneficiaron a presuntos delincuentes, por ejemplo, el juez Conrado Alcalá Romo concedió el 27 de febrero ese 2024 un amparo en favor de Héctor “N”, “El Güero Palma”, dejando insubsistente el auto de formal prisión dictado en su contra y ordenó deponer el procedimiento.
En otro caso, denunció que el juez Juan José Fernando García concedió la suspensión de plano a favor de Rafael “N” para que fuera extraditado a petición del gobierno estadounidense.
Precisó que se estima irregular la resolución del juez, pues brindó una protección indebida a Rafael “N” ante un acto referido de manera genérica bajo malas prácticas defensistas.
En más casos, detalló que el juez Marco Antonio Beltrán moreno modificó la presión preventiva justificada contra Roberto “N”, ex gobernador de Quintana Roo, y la cambió por la colocación de un brazalete electrónico, arraigado domiciliario y pago de una garantía.
De igual manera, la jueza María Isabel Bernal Hernández, otorgó un amparo a favor de Tomás “Z”, para que funcionarios se abstuvieran de condenarlo ante la opinión pública. Tomás “Z” está vinculado al caso de Ayotzinapa.
Mostró una nota del periódico Milenio, donde se aborda el expediente de la jueza Nancy Juárez Salas, quien otorgó un amparo para que la Presidenta Sheinbaum eliminé la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.
Leyó que en abril de 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó sus suspensión tras las denuncias de 12 servidores públicos.
La funcionaria dijo que en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto, también fue sancionada por el resultado de tres pesquisas que le atribuyeron conductas negativas como “desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano.
Dijo que ha tenido amonestaciones verbales por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos, descuidó en el desempeño de sus funciones y por realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional.
Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el pueblo pude modificar o alterar la forma de su gobierno, además, leyó cómo es el procedimiento de cómo se puede modificar la carta magna.
La mandataria negó que haya recibido la notificación sobre la orden de la jueza Nancy Juárez para eliminar o bajar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la promulgación de la reforma al Poder Judicial publicado el pasado 16 de septiembre.
