Por Diana Salas
Las alcaldías tienen prohibido negar el derecho al trabajo, además de que la actual administración niega la gestión de permisos para comercio informal; sin embargo, los trabajadores de vía pública niegan la existencia del trámite
Azcapotzalco oculta trámites de permisos para cobrar derecho de piso a los comerciantes: trabajador de Gobierno
la alcaldía insiste en su negativa de otorgar permisos legales, con el pretexto de que eso no existe en el territorio.
El grupo de “Los 18” que pretendía cobrar permisos irregulares y “derecho de piso” a los locatarios del Parque Revolución de la alcaldía Azcapotzalco se han ido. Sin embargo, los supervisores de vialidad, Martín Granados y Jesús Bernal, insisten al intimidar a todo aquel que intente comerciar artesanías, alimentos, bisutería o cualquier artículo que a su parecer, está fuera de la Ley. No obstante, Antonio Grande, trabajador adscrito a la dirección de Gobierno de esa demarcación, reveló las irregularidades y negligencias que los empleados ejecutan en los operativos del mencionado parque; las cuales, amerita a que sean destituidos inmediatamente.
“Por Ley se pueden tramitar permisos, estamos obligados a ayudar a la gente, a partir de que dejó de ser delegación y pasó a ser alcaldía, no le podemos negar el derecho a la gente a trabajar. Si lo hacemos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México actúa en contra de nosotros, si tienen necesidad, no lo podemos rechazar”, explicó el empleado.
Sin embargo, la realidad para los locatarios es distinta, ya que la subdirectora de Espacio Público y Gobierno de Azcapotzalco, Teresa Pérez, así como Granados y Bernal, insisten en su negativa de otorgar permisos legales, con el pretexto de que ese trámite no existe en el territorio, por lo que su solución es, presuntamente, realizar pactos y acuerdos económicos ilícitos con los comerciantes. Sumado a ello, el empleado relató que la administración de la alcaldesa Margarita Saldaña culpa al Gobierno capitalino de ser el responsable de bloquear las fuentes de trabajo, ya que aparentemente, ese órgano de Gobierno es el único que permite el ambulantaje informal en vía pública.
No obstante, Antonio narra que la logística real es distinta: “el permiso se debe de tramitar en ventanilla única, se remite a Gobierno central, lo regresa a la y en un plazo no mayor a cuatro días se debe de dar respuesta, lo único que tarda alrededor de 41 días es el permiso para la poda de árboles, porque un biólogo debe de realizar un estudio para autorizar. Lo que pasa con Azcapotzalco es que a pesar de que alguien tenga permiso y si se quiere extender, los de vía pública te cobran ese excedente, no en ventanilla”, dijo.
Múltiples negligencias en los operativos viales
Respecto a la nula identificación de credencial acerca de su puesto de trabajo o vehículos oficiales de Granados y Bernal cuando acuden a retirar a los comerciantes de la vía pública, Grande respondió que:
“Jesús Bernal está confabulado con Teresa Pérez, les da permisos de palabra, no formal, con la condición del voto. Ninguna persona que no se identifique o que llegue en vehículos particulares puede recoger a un vendedor; el reglamento dice que cuando un empleado de vía pública se identifica, sí se puede llevar la mercancía, pero estamos obligados a dar una papeleta en la que se explique la razón por la que se retira y la cantidad de artículos, para después pagar la multa al juez cívico del Ministerio Público, pero esa gente les dice otra cosa para amedrentar, cuando sí hay permisos, pero no quieren perder esa lista negra tan grande que tienen”.
“En las ferias actúan igual, hay puestos de tres metros que pagan su permiso a la alcaldía y el excedente de dos metros se va para los de vía pública”, expresó.
En el año 2022, la alcaldía Azcapotzalco publicó en la Gaceta Oficial que derivado de las denuncias vecinales, la regulación de permisos sería a personas cuyo único ingreso derive de la actividad o servicio objeto de las presentes reglas. Además, no serán sujetos de la aplicación de los beneficios aquellas personas comerciantes o prestadoras de servicio que cuenten con un establecimiento mercantil, así como aquellas personas que sean locatarias de un mercado, ni propietario, arrendatario o usufructuario de cualquier local en plazas comerciales, corredores, bazares o plazas públicas.
El derecho al trabajo es negado a grupos vulnerables
A pesar de la reglamentación, Martín Granados y Jesús Bernal acuden en repetidas ocasiones a desalojar a los locatarios, sin importar que conforme al reglamento, a los comerciantes que se encuentren en la necesidad urgente de laborar, la administración debe de permitir que se coloquen en un espacio de vía pública, con la condición de que no invadan áreas privadas, rampas para discapacitados, salidas de emergencia o el arroyo vehicular.
Una de las más afectadas es Reyna Sanabria, quien se ha negado a pagar los 300 pesos de cobro de derecho de piso del grupo de “Los 18” (quienes confesaron tener un pacto con Martín) y que recientemente fue señalada por los supervisores de vialidad de vender clandestinamente lugares en el Parque Revolución; señalamientos que según la afectada, se derivaron de las denuncias expuestas por este medio de comunicación.
“Tengo un problema legal en el que fui desalojada de mi hogar, trabajo al día, vivo en un hotel en el que pago renta todos los días, mientras se resuelven mis carpetas en la Fiscalía General de Justicia. El 11 de febrero nos vinieron a quitar, sin ningún aviso, ni se identificaron y nos amenazaron con no dejarnos vender el 14, era un día muy bueno. No entienden que la mayoría de los que estamos aquí tenemos problemas económicos y ahora me acusan de regentear lugares y ser la líder que se adueñó del parque, no hay algo que lo pueda demostrar”, declaró Reyna.
“Perdí mi trabajo y por eso vendo en el parque, entre el grupo de los 18 y los de la alcaldía, las intimidaciones son exageradas, no sabría qué hacer si me voy de aquí, no tengo otra cosa de qué vivir, hay días muy malos, aunque vendamos desde temprano, vienen, te quitan y no te avisan”, relató otro locatario.
Además, Antonio Grande reveló que conforme a los estatutos de la alcaldía, la única razón para que Granados y Bernal acudan a “levantar” a los comerciantes, sería si algún vecino emitiera una queja en la demarcación, que tuviera que ver con el bloqueo de vialidades, exceso de ruido o la acumulación de basura proveniente de los comerciantes; sin embargo, los afectados poseen una lista de firmas en la que los habitantes de las calles cercanas respaldaron el ambulantaje en el sitio, aparentemente debido a que el flujo de personas disminuye la incidencia delictiva.
Asimismo, Crónica conversó con los vecinos de la zona, los cuales, aceptan que los comerciantes coloquen sus mesas a un costado de la banqueta, pues a su parecer, convierte al parque en un “centro de Coyoacán tropicalizado”, y que transforma a la colonia Nueva Santa María en un atractivo turístico.
Otra de las revelaciones de Grande fue que tanto Bernal como Granados, acuden al parque Revolución en horarios fuera de lo que establece su contrato laboral, ya que ambos pertenecen al grupo de trabajo del turno matutino, lo que los imposibilita a acudir en un horario nocturno a desalojar a los comerciantes; a pesar de ello, incurren en prácticas ilegales sin ser amonestados.
“Esta administración ha sido la más estafadora, la información de permisos se envía a Gobierno central, pero dieron la orden de que en cuestión de permisos, no se iban a dar folios, solamente por solicitudes de podas de árboles. El primer pretexto que ponen es que hay muchas denuncias de vecinos, no pueden decir el nombre de quien se queja, pero sí están obligados a llevar la papeleta y mostrar la fotografía en la que se enseñe la falta”, dijo Grande.
Personas que no laboran en la alcaldía son contratadas para participar en los operativos
En las imágenes difundidas por Crónica, se exhibe a Martín y Carlos acompañados de personas que no laboran en la administración de la alcaldía, los cuales realizan el trabajo de desmantelar los locales.
Grande reveló en qué se basa dicho modus operandi: “Martín y Carlos llegan con ese grupo de personas, que son los que cobran y quitan los puestos para que cuando las personas los busquen en el listado de trabajadores, no aparezcan y nadie pueda proceder contra ellos, son los golpeadores que no los vas a encontrar si quieres denunciar, son contratados”.
“Los dos son del turno de la mañana, salen a las tres de la tarde y no pueden laborar en horas fuera de su trabajo, solamente se permiten seis horas extras a la semana y si llegan en carros particulares, es un delito grave. Pero ese cáncer ahí sigue y por falta de información la gente cae en engaños”, concluyó.
