Por Laura Astorga
La Ley de Salud Mental y Educación Emocional de Jalisco, innovadora por exigir a todas las escuelas de educación básica contar con un psicólogo, libró no ser invalidada en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) impugnó la ley, argumentando la falta de consulta pública. A pesar de la propuesta de la ministra Margarita Ríos Farjat para su anulación total, otros ministros se opusieron, sosteniendo que la norma beneficia a toda la sociedad y no debe ser desestimada por la ausencia de una consulta.
Ríos Farjat reconoció la naturaleza vanguardista de la ley, aunque subrayó la importancia de una consulta previa para garantizar su inclusividad. Al no alcanzar la mayoría calificada para su invalidez, los ministros acordaron postergar la discusión para revisar artículos específicos de la ley y determinar posibles anulaciones. La ministra Ríos Farjat presentará un nuevo proyecto modificado.
El ministro Alberto Pérez Dayán, entre los opositores a la eliminación total, destacó que la ley no se limita a personas con discapacidad, sino que aborda aspectos cotidianos para toda la población, brindando apoyo psicológico y emocional en diversas situaciones.
