Hortensia Mendoza
Mario Aburto Martínez, condenado por el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, presentó una nueva solicitud de amparo para impugnar la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de no ejercer acción penal contra ningún ex funcionario por la presunta tortura que afirma haber sufrido tras su arresto el 23 de marzo de 1994.
La solicitud de amparo fue presentada el 14 de marzo y se encuentra actualmente en proceso de admisión en el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.
La jueza encargada, Paloma Xiomara González, ha solicitado a Aburto que ratifique su firma para dar continuidad al proceso. En caso de no hacerlo, la petición podría ser considerada como no presentada.
Dado que Mario Aburto se encuentra recluido en un penal federal en Guanajuato, será necesario solicitar la intervención de un juez federal en esa entidad para que un actuario pueda notificar al acusado. Esto podría implicar una extensión del plazo para la ratificación de la firma.
En febrero de este año, la FGR determinó definitivamente no ejercer acción penal en la investigación sobre la presunta tortura. Esta decisión ha sido impugnada por Aburto a través del amparo presentado, en busca de que se reabra el caso y se realice una investigación exhaustiva.
El año pasado, el juez Antonio González García, en ese entonces titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió protección legal a Mario Aburto. La sentencia ordenaba al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, coordinar y supervisar las acciones de las Fiscalías Especializadas en Materia de Derechos Humanos y en Investigación del Delito de Tortura, con el fin de llevar a cabo una investigación completa y determinar el curso de la carpeta de investigación.
El juez amparó a Aburto debido a que consideró que la autoridad no había cumplido adecuadamente con su deber constitucional de investigar su caso. Desde el inicio de la investigación en agosto de 1994, se observaron deficiencias en la integración de la indagatoria por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En su sentencia, González García resaltó que fue hasta el año 2022 cuando se informó que se había instruido la formación de un equipo especial de investigación y litigación encargado de retomar y concluir los procesos penales relacionados con el homicidio de Colosio Murrieta, así como cualquier otra investigación vinculada al caso o a las personas involucradas.
