Fernanda Flores
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió posponer, por segunda vez, la discusión sobre un proyecto que sugiere que la Fiscalía General de la República (FGR) reabra las investigaciones sobre posibles crímenes cometidos durante la “guerra sucia”, que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó que la discusión se retrase hasta una fecha posterior.
El amparo, promovido por cuatro mujeres que fueron detenidas, torturadas psicológicamente y físicamente, y que son familiares del fallecido guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, es el foco de esta discusión.
Cabañas Barrientos, un maestro graduado de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y líder del Partido de los Pobres, operó en la sierra de Guerrero en la década de 1970.
Las mujeres, Juana, Rosa Elena e Irene Nava Cabañas, y Flavia Cabañas Gómez, quienes eran menores de edad en el momento de los hechos, afirmaron haber sido víctimas de crímenes perpetrados por agentes del servicio secreto de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). Fueron detenidas en enero de 1972 y 1973, lo que llevó a la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) a abrir una investigación preliminar durante el mandato de Vicente Fox.
Sin embargo, en febrero de 2022, la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR decidió no ejercer acción penal en la investigación. Las mujeres presentaron un amparo, argumentando que las pruebas no fueron analizadas ni se realizó una investigación adecuada sobre los hechos y el contexto de su detención y tortura.
El proyecto del ministro Alcántara Carrancá propone confirmar el amparo otorgado por el juez Juan Mateo Brieba de Castro, aunque con algunas modificaciones. Sugiere revocar la decisión de no ejercer acción penal y exige que el Ministerio Público realice su investigación teniendo en cuenta el contexto social de la “guerra sucia”, y que los hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
El ministro Alcántara Carrancá enfatiza que la muerte de las víctimas y los perpetradores no extingue la acción penal, ya que estos delitos pueden ser clasificados como crímenes de lesa humanidad. Además, propone que la FGR considere el Informe Histórico de la FEMOSPP y el informe final de la Comisión de la Verdad para la Investigación de las Violaciones a los Derechos Humanos Durante la Guerra Sucia de los años Sesenta y Setentas del estado de Guerrero.
