Por Pablo Daniel N
Fue aplazada hasta enero de 2024 la audiencia de Murillo Karam, donde la Fiscalía General de la República (FGR) pretende acusarlo formalmente.
El juez determinó que dl ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), escuche la acusación donde solicitan una condena de 82 años de cárcel por su probable responsabilidad en los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, derivados del caso Ayotzinapa.
La defensa del ex funcionario pidió el diferimiento de la diligencia programada para este lunes, debido a que están en curso amparos que promovio Murillo Karam, los cuales primero deberán desahogarse.
Antonio González García, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, determinó suspender de manera indefinida el citado proceso, hasta que se resuelva el juicio donde el ex procurador solicitó que se le admitan 15 documentales para presentarlas como pruebas de descargo ante la acusación en su contra.
El amparo se presentó porque Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, rechazó su petición de auxiliarlo para tener en sus manos las averiguaciones previas y carpetas de investigación que se iniciaron en 2014 por la entonces PGR, por la presunta tortura contra iuntegrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los normalistas.
La FGR presentó un escrito en el citado Centro de Justicia, donde, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UILCA) pidió una pena de 60 años de cárcel por el delito de desaparición forzada.
Por el delito de tortura 12 años, y 10 años por el correspondiente contra la administración de la justicia.
La mencionada unidad presentó 69 testimonios, 65, documentales y 43 peritajes, como datos de prueba.
Cabe mencionar que, en agosto de 2022, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, vinculó a proceso a Murillo Karam por su probable responsabilidad en los delitos antes citados.
Durante la audiencia, la FGR imputó al ex procurador de “fraguar la denominada “verdad histórica”, y que supuestamente de forma premeditada, ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
