En los últimos días, el proceso de ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México ha generado polémica y controversia. Lo que debería ser un proceso basado en la imparcialidad y la búsqueda de justicia, se ha visto opacado por motivaciones políticas y cuestionamientos sobre la capacidad y compromiso de la candidata.
Uno de los principales argumentos en contra de la ratificación de Godoy es su cercanía con el partido Morena y el presidente López Obrador. Esto ha generado dudas sobre su independencia y objetividad a la hora de tomar decisiones judiciales. Algunos críticos señalan que los fiscales no son designados por sus capacidades o experiencia, sino por su lealtad política.
Además, organizaciones ciudadanas y víctimas han expresado su descontento y han levantado quejas en torno a la gestión de Godoy. Se le acusa de no escuchar a las víctimas y de no llevar a cabo investigaciones exhaustivas. Estas protestas reflejan la falta de confianza en el sistema de justicia y la necesidad de tener a un fiscal comprometido con la búsqueda de la verdad y la justicia para todas las partes involucradas.
La falta de transparencia en el proceso de ratificación también ha sido motivo de críticas. Algunos señalan que ha habido irregularidades y falta de evaluaciones completas por parte de los consejeros. Esto ha generado dudas sobre la legitimidad de la decisión y ha alimentado la percepción de que el proceso está viciado de origen.
En el Congreso de la Ciudad de México, se requiere una mayoría de dos terceras partes de los votos para que Godoy sea ratificada como fiscal. Esto implica que al menos 44 de los 66 legisladores deben votar a favor. Sin embargo, la postura crítica hacia la candidata y las preocupaciones sobre su capacidad y compromiso con la justicia podrían influir en la votación.
En conclusión, el proceso de ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la Ciudad de México ha dejado en evidencia la politización de la justicia y la falta de confianza en el sistema. Los cuestionamientos sobre su independencia y la falta de transparencia en el proceso son motivos válidos para una postura crítica hacia su ratificación. Es fundamental que se priorice la imparcialidad y la búsqueda de la verdad, para así garantizar la justicia para las víctimas y fortalecer el Estado de derecho en nuestro país.
