Fernanda Solís
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, presentó un incidente de inejecución de sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de solicitar la destitución de diputados del Congreso Local y su puesta a disposición de un juez federal por desacato.
Samuel García alega que los legisladores locales incumplieron la sentencia emitida por la Segunda Sala de la Corte el 14 de febrero, la cual ordenaba la reposición del procedimiento para la selección del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La Corte otorgó un plazo de tres días hábiles, a partir de la notificación, para que el Congreso Local informe las acciones tomadas para cumplir con la sentencia que requiere la reposición del procedimiento y la convocatoria para la elección del Fiscal General de Justicia, notificada oficialmente el 18 de abril. En caso de no hacerlo, se impondrá una multa.
En febrero, la Segunda Sala resolvió a favor de la controversia constitucional presentada por el gobernador, quien cuestionó la falta de solicitud de una carta de no antecedentes penales a los participantes en el proceso de selección del próximo fiscal general del Estado. La Sala ordenó a la Comisión Anticorrupción de la entidad reponer el procedimiento para que los aspirantes presenten dicha carta expedida por la Agencia de Administración Penitenciaria.
El gobernador considera que la Comisión Anticorrupción actuó de manera inapropiada al modificar un requisito durante el proceso de selección, generando inseguridad jurídica. La Sala determinó que cualquier cambio en los requisitos debería corresponder al Pleno del Congreso y no a la Comisión Anticorrupción.
La situación ha generado incertidumbre entre los participantes y afecta el interés público, ya que se trata de elegir a un funcionario imparcial para la Fiscalía General de Justicia del Estado, encargado de representar y defender los intereses de la sociedad y velar por el cumplimiento de las leyes y la persecución de delitos.
