Alberto Woolrich
La imperfecta y nociva interpretación y aplicación de la ley, produce en la procuración e impartición de justicia unas consecuencias jurídicas dramáticas, desagradables y desafortunadas. Y no porque el propósito de ello lo sea el someterse a las tropelías del Poder Ejecutivo Federal y/o cualquier otro oculto poder, sino porque cualquier acto de autoridad que no contemple y respete las garantías expresadas en el espíritu del Pacto Federal, las cuales deben de tomarse en cuenta para su aplicación, son por sí mismas injustas, reprobables, inaplicables y arbitrarias.
Arturo Zaldivar Lelo de Larrea era un ministril de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se había declarado dúctil y disciplinado a las órdenes de Andrés Manuel López Obrador. Entre ambos pactaron mil irregularidades, todas ellas impuestas y a capricho de la Cuarta Transformación de la Nación. Al actuar como toga del máximo tribunal de Justicia, siempre trató de preservar y aplaudir las ocurrencias, maldades y carajadas del Primer Magistrado de la Nación que las más de las veces eran premeditadas para pisotear el contenido y espíritu de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ese rastrero e indigno mal llamado “siervo de la nación” jamás detuvo o amenguó las injusticias y deslealtades cometidas en contra de la Carta de Carranza, por medio de una recta, equitativa y precisa interpretación y aplicación de su contenido, a contrario sensu, coadyuvó en todas y cada una de las maldades presidenciales.
La abogacía independiente de la República, sostiene y refiere que a los ministros de la Suprema Corte de Justicia les incumbe ser los defensores del principio de juridicidad como elemento esencial para el sostén de la democracia. Con sus correctos actuares son los que deben de ejercer el control de la legalidad en cada caso concreto que sea sometido a su soberanía, ellos tienen a su cargo y por misión constitucional, además, una función más importante: el control constitucional de las leyes. En el desempeño de ese control pueden juzgar (no alterar) a éstas (de legibus), según se adecúen o no a la Constitución.
Hoy se ha sabido que Norma Piña en su carácter de ministra Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha ordenado que el Consejo de la Judicatura Federal aperture una investigación administrativa en contra de aquél despreciable servidor público, que resultó ser infiel a la Carta de Carranza, por todas aquellas múltiples y corruptoras inequidades cometidas y notorias desde pasados tiempos.
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México sustenta: Que en manos de togas limpias, sobre todo cuando se trata de ministros de la Suprema Corte, está la preservación del régimen democrático, la efectividad real del Derecho y la confianza del gobernado en la impartición de justicia. Si Arturo Zaldivar Lelo de Larrea efectúo consignas, como lo hizo a jueces y magistrados para fallar en los sentidos que no sólo indicó, sino ordenó, ello ipso facto lo convirtió en cómplice de aquellos atentados y por ende debe de ser sancionado a la par de aquellas togas que acataron la presión.
El Poder Judicial Federal de antes y el actual sostuvieron y sostienen a jueces y magistrados venales, corruptos, ignorantes y cobardes que aceptaron la indignidad y la vileza a cambio de permanecer y en su caso ascender en cargos los cuales deshonraron; por esa razón deben de ser expuestos ante el México que traicionaron. Bien merecen no sólo la reprobación moral de los justiciables, sino la cárcel. Ello debe efectuarse siempre acorde al espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso de Norma Piña contra el indigno Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, se olvidó un pequeño detalle: El espíritu del Legislador Constituyente señaló que “toda denuncia, acusación o querella tiene que ser precedida por persona digna de crédito y buena fe”. Una delación, un anonimato, una denuncia en lo “obscurito” carecen de esa buena fe.
La abogacía independiente de la República en la época que fungía como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tal Arturo Zaldivar, expuso de cara a México las quejas y denuncias correspondientes. Ellas son las que desde aquél entonces deberían haber sido investigadas por el Consejo de la Judicatura Federal y no en estos tiempos electorales.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del
Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
