Por Laura Astorga
El Fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez debe rendir cuentas por la masacre de jóvenes cajemenses ocurrida el sábado. Entre las víctimas se encuentran Omar Ernesto C.R., de 35 años y empleado del IMSS sin antecedentes penales; Raúl A.C., de 19 años, instructor de boxeo y agente de la policía municipal acreditado; y Carlos Enrique S.V., de 28 años. La tragedia se desató cuando, según versiones iniciales, los jóvenes supuestamente dispararon a una base de la Marina tras salir de una posada.
Se indicó que los agentes de la AMIC acribillaron el vehículo en el que iban los jóvenes, una SUV Izuzu color gris sin placas, alegando agresión. Resultado de este violento encuentro, Raúl y Omar Ernesto perdieron la vida en el lugar, mientras el agente Enrique Salas resultó gravemente herido y falleció en el hospital López Mateos minutos después.
La información inicial proporcionada por la Fiscalía fue sesgada, omitiendo la mención del agente caído y hablando de agresiones a sus propios agentes.
Además, se señala la demora inusual del SEMEFO al retirar los cuerpos, generando sospechas de encubrimiento. Se destaca la importancia de la declaración de los paramédicos de la Cruz Roja y el análisis de las cámaras de seguridad en el lugar del incidente.
Es esencial llevar a cabo una investigación imparcial y conforme a la ley para determinar la verdad, asegurando que los responsables enfrenten la justicia.
La entrega de los cuerpos a los familiares estuvo marcada por manifestaciones, requiriendo la intervención del personal de la Fiscalía de Hermosillo para llevar a cabo el proceso. Estaremos vigilando este caso como defensores de los derechos humanos.
