Daniela Juárez
A dos semanas de que concluya la administración de la alcaldesa panista Karla Fiesco, graves denuncias de extorsión por parte de funcionarios de Protección Civil del municipio salieron a la luz, al ser contra comerciantes y publicistas.
Los afectados acusan a Alberto Salas y Edgard Armando Granados Godfrey de exigir fuertes sumas de dinero a cambio de evitar clausuras de negocios, en estas dos semanas que concluya este gobierno y entre el morenista Daniel Serrano.
Leticia Maldonado, comerciante de materiales para construcción, relata que se le exige la exorbitante suma de 30 mil pesos semanales o, de lo contrario, se procederá a la clausura de su negocio. “Estamos solicitando la intervención de la gobernadora Delfina Gómez para que se investigue y se castigue a los responsables”, declaró Maldonado.
La situación es aún más grave para los publicistas. Rocío Camarillo, directora de una empresa del sector, afirma que su negocio fue clausurado a pesar de cumplir con todas las normas de publicidad exterior, luego de negarse a pagar un soborno de 200 mil pesos. “Nos amedrentaron y extorsionaron; la consecuencia de no pagar es esta clausura”, lamentó Camarillo.
Los comerciantes afectados denuncian que las extorsiones, que ascienden a 200 mil pesos en algunos casos, están asfixiando a los negocios locales. Esta situación no solo perjudica la economía de las familias, sino que también daña la imagen del municipio y erosiona la confianza ciudadana en las autoridades.
Gloria Zárate, otra comerciante afectada, exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares: “La impunidad solo fomenta la corrupción. Exigimos transparencia y justicia”.
La Contraloría del Estado de México ya se encuentra en posesión de estas denuncias contra la alcaldesa Karla Fiesco y los funcionarios de Protección Civil involucrados.
El contexto de estas acusaciones es preocupante, considerando que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reveló que en 2023, el 60.9% de los residentes de Cuautitlán Izcalli reportaron haber experimentado algún acto de corrupción.
A finales del mismo año, transportistas realizaron bloqueos en la zona centro y la autopista México-Querétaro para exigir la destitución del jefe de normatividad por presuntos actos de corrupción y extorsión.
Estas denuncias recientes refuerzan la necesidad de una acción inmediata y contundente por parte de las autoridades estatales para erradicar la corrupción en el municipio.
