Claudia Bolaños
Y Sepa La Bola… En la entrega anterior de esta columna, les conté sobre el abuso de las vallas publicitarias que sin control crecen en la capital del país, pero otro problema son los espectaculares en azoteas, que son un riesgo; sin embargo, resulta de manera increíble que la información al respecto ahora ha sido reservada por la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México por tres años.
El acuerdo SE-08/SEDUV1/2023-07, emitido por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, fechado el pasado 12 de febrero, en respuesta a una solicitud de información, es la reserva de la información, por considerarla “sensible”. Con ese pobre argumento se decidió no transparentar la información respecto al retiro “voluntario” de anuncios ilegales de empresas como Vendor, Rentable, JC Decaux, ATM y Clear Channel, entre otras empresas. Pero ¿por qué la autoridad hizo eso? Es un misterio.
Sobre todo porque el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó recientemente que se han retirado más de mil anuncios ilegales de las azoteas, y que posiblemente quedan 500 más por desmantelar en los próximos 100 días. Entonces, ¿por qué la Seduvi clasifica esta información como reservada?
Resulta aún más intrigante que, a pesar de esta reserva, la dependencia cuenta en su página web www.seduvi.cdmx.gob.mx y en sus redes sociales que los anuncios en azoteas están prohibidos. Incluso revela el nombre del anunciante y de la empresa que alquila el espacio ilegalmente, en un aparente intento de sanción. Pero si hay multiples reincidencias ahora no lo sabremos por decisión de las mismas autoridades que están por concluir su gobierno.
La Seduvi y al Instituto de Verificación Administrativa, deben permitir que se conozca qué empresas han sido obligadas a retiran su publicidad exterior por violar las normatividades e incluso poner en riesgo a la población. Con la transparencia podremos avanzar en la recuperación del espacio público y evitar la impunidad. Es un derecho conseguido y no una gracia de las autoridades.
Y SEPA LA BOLA pero la Subdireccion de nóminas y remuneraciones del Sistema Penitenciario de la CDMX, que encabeza el Javier Rojas Jacome, se ha vuelto un dolor de cabeza al convertir lo fácil en dícifil. Las quejas son porque se niegan a hacer el cambio de modalidad de pago, de tarjeta a cheque, lo cual desde hace años se sabe es un simple trámite administrativo, un derecho que marca la propia Constitución, la Ley del Trabajo y hay hasta jurisprudencia.
La respuesta es un rotundo no, sin un fundamento legal idóneo, y al no observar está normatividad la autoridad señalada dejaría ver entre líneas que existe un trasfondo e intereses ajenos. Eso ha generado que sea el juzgado 11 en materia Administrativa, del cuál conoce el juez Agustín Tello Espindola, quien analiza el tema, con el buen antecedente de que en julio pasado instruyó a que, en 24 horas, la CONADE, que dirige Ana Gabriela Guevara, pagara las becas que se les adeudaba a las nadadoras olímpicas campeonas del mundial Fukuoka, Japón 2023.
Y SEPA LA BOLA pero quienes están muy preocupados son los trabajadores del Centro Varonil de Readaptación Psicosocial (Cevarepsi), ya que desde hace aproximadamente seis meses han sufrido la falta de suministro de medicamentos de todo tipo, y lo peor son los específicos para padecimientos psicóticos, con los que se mantienen en buen estado y controlada a la población, 220 internos, que allí comparten esa misma característica.
Ya hasta se metió un escrito para que las autoridades penitrenciarias hagan lo conducente y consigan los medicamentos. De no atenderse el tema de manera urgente, podrían seguir escalando las riñas entre esos presos y las faltas de respeto al personal penitenciario. La mayoría de estas personas fueron acusadas de delitos graves, sobre todo de homicidio y abuso sexual. Ya el pasado 13 de febrero se canceló una protesta que tenían contemplada, pero no desestiman acudir al propio Palacio del Ayuntamiento a pedir ayuda a Martí Batrés.
