Mariana Ramos
En la presentación del Informe Sexenal de Causa en Común, análisis sobre la gestión del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, María Elena Morera, titular de la agrupación, señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad presentada por el nuevo gobierno “está bien planteada”, pero “le falta el tema de migración, el tema de violencias contra las mujeres, los desaparecidos, los desplazados. Hay muchas cosas que todavía no nos han dicho cómo las van a atender, porque medir sólo por homicidios pues nos puede pasar lo que ya estaba pasando el sexenio pasado, que simplemente los sacan del cajón de homicidios y los ponen en ‘otros delitos contra la vida’”.
En sesión virtual, Morera también remarcó que “hay una colaboración estrecha entre autoridades y crimen organizado porque también hay que dividir y eso lo tendrá que hacer en la estrategia Omar García Harfuch entre los lugares donde se está generando una gran violencia y lugares donde no hay violencia porque ya los que mandan en todos son los criminales y tienen a la población completamente sometida”; asimismo, la titular de Causa en Común cuestionó “hasta dónde va a alcanzar con una minisecretaría ante unas fuerzas armadas súper empoderadas? ¿Cómo va a coordinar García Harfuch a quienes siempre se han sentido superiores sobre las policías?”, recalcó.
En el documento presentado se establece que “la inseguridad, la impunidad y la injusticia gozaron de cabal salud durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se destruyó a la Policía Federal y se ahondó de manera significativa la precariedad de las policías estatales y municipales. El control político sobre las fiscalías ha sepultado cualquier vestigio de independencia ministerial. El Poder Judicial se asoma a su destrucción total. Los centros penitenciarios, focos de violencia y corrupción, ni siquiera figuraron en la agenda.
“En lo que sí hubo esmero es en una militarización rampante concebida, no como un aporte a la seguridad, sino como puntal de un proyecto político cada vez más autoritario; y en una manipulación informativa cotidiana para distorsionar la realidad”.
El documento “Las policías en México: radiografía de un retraso crónico (2018-2024)”, sintetiza diversos seguimientos que realiza la organización y que muestran las condiciones de abandono, precariedad laboral y violencia bajo las que operan las policías locales. Desapareció el FORTASEG, fondo que apoyaba a los municipios en materia de seguridad.
El fondo de apoyo a las entidades, el FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública), no tuvo mayor impacto en favor de las policías estatales. Los bajos salarios, la falta de pago de bonos, las condiciones inseguras y capacitación y equipamiento a todas luces insuficientes explican que en el sexenio se registraran al menos 413 movilizaciones de policías, incluyendo 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro, abarcando la mayoría de los estados del país. En otro seguimiento, se da cuenta del asesinato durante el periodo de al menos 2,456 policías, se apunta.
El debilitamiento del SNSP (Sistema Nacional de Seguridad Pública) y de sus instituciones abrió espacio para una militarización sin precedentes. Un componente esencial fue la creación administrativa de una Guardia Nacional (GN) que, en tanto cuerpo militar, violó flagrantemente la Constitución. Desde el momento de su creación, en 2019, Causa en Común creó el Observatorio para reunir información sobre dicha corporación y sobre el proceso de militarización en su conjunto.
Debido a la opacidad del gobierno de López Obrador, la información fue cada vez más difícil de obtener, llegando al extremo de responder con absurdos como que no existen elementos de la GN que fueran transferidos de las Fuerzas Armadas (FFAA). En cuanto a capacitación, el último dato disponible indica que tres cuartas partes de los elementos habrían completado cursos de capacitación inicial, aunque no existe forma de corroborarlo. Tampoco este año se publicó el informe anual de labores de la corporación, remarca Causa en Común.
La Guardia Nacional no ha dado resultados que incidan de manera significativa en la situación de violencia e impunidad crónicas que padece el país. El crecimiento en funciones y presupuestos de las FFAA ocurre en detrimento de las policías locales. Dada la opacidad de las FFAA, se obstaculizan las evaluaciones institucionales y en cambio se incrementan los riesgos de corrupción, indica el organismo.
Además, se incrementó el peligro de más violaciones a los derechos humanos. El protagonismo militar no es compatible con un sistema democrático definido por la preeminencia de las instituciones civiles. Especialmente preocupantes son las expresiones partidistas de altos mandos militares y las amenazas de funcionarios militares a jueces y funcionarios judiciales. En sentido contrario a los severos recortes presupuestales que sufrió durante el sexenio el grueso de la administración pública federal, el presupuesto asignado a las FFAA alcanzó máximos históricos.
Para 2024, se aprobaron más de 67 mil 526 millones de pesos para la GN (14 veces lo asignado en 2020), 247 mil 551 millones para la SEDENA (121% más que en 2023), y la SEMAR recibió 68 mil 596 millones (64% más que en 2023). Las FFAA recibieron recursos adicionales a través de transferencias de los presupuestos de obra pública, aduanas, puertos y aeropuertos, y de diversas instituciones que hoy controlan, federales o locales, de seguridad o de otra naturaleza; del control de diversas empresas estatales creadas durante el sexenio; de convenios de colaboración con gobiernos locales y de donativos que reciben de éstos; y de fideicomisos administrados sin supervisión externa, detalla la agrupación.
