Ricardo Peralta Saucedo
En nuestro país, en 1820, existió en el estado de Veracruz un bando de policía con el que a las personas cuya asociación parecía “sospechosa” se les presentaba ante la autoridad judicial por encontrarse en condiciones de asambleas secretas. Así, había bandos de policía en todo nuestro país que limitaban la libertad de las personas.
Hasta el proyecto de nuestra Constitución política de 1856, cuando, en su artículo 22, señaló: “A nadie puede coartarse el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto; pero solamente los ciudadanos de la República pueden hacerlo para tomar parte en asuntos políticos del país”. Este proyecto es prácticamente el texto de la Constitución del 57, donde por primera vez se plasmó el antecedente del actual artículo 9º de la Constitución, el derecho de asociación, propiciado principalmente por el Partido Liberal Mexicano y asociaciones de ideología comunista. Entonces se ordenó que ninguna reunión o asociación podría ser disuelta por presentar una protesta a una autoridad si no se hacían injurias o violencias para intimidarla.
El artículo 9º de la Constitución garantiza el derecho de reunirse y asociarse, y va íntimamente ligado con los de expresión, manifestación y libertad de tránsito.
La historia dice que esta expresión popular siempre ha ido acompañada de hechos de contundencia histórica. Si bien es cierto que todos tenemos el derecho de ejercer la expresión, nunca habrá comparación con la marcha del silencio realizada por más de 250 mil personas con una cinta adhesiva en la boca, donde estudiantes, profesores, intelectuales, obreros, amas de casa y profesionistas marcharon, fue un acto reprimido por el gobierno mexicano de 1968; posteriormente, ese mismo año, el 2 de octubre, se masacró a jóvenes estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas y, al mismo tiempo, se celebraron las olimpiadas.
Históricas marchas por la desaparición de estudiantes de la guerra sucia, los históricos sindicatos de ferrocarrileros, electricistas, telefonistas, petroleros, de obreros y campesinos oprimidos, de las costureras del terremoto del 85, movilizaciones del campo cuando prácticamente ninguno de ellos existía para el gobierno; expresiones, pues, que siempre llevaban de la mano las causas más sentidas de los oprimidos y los olvidados históricos del país.
Hoy, la clase obrera, los desprotegidos, los ignorados por décadas, ya no toman las calles, ya no protestan ni toman edificios públicos ni avenidas o instalaciones estratégicas, mucho menos abarrotan las plazas públicas del país, por fin fueron escuchados, hoy la visión del gobierno es priorizar la atención a los más necesitados; y quienes nunca fueron prioridad siguen teniendo el derecho de expresarse como todas y todos, pero el agravio oficialista no es para ellos, por eso las mayorías no tienen por qué protestar.
La clase privilegiada está descubriendo, después de décadas, lo que significa caminar en una vía vehicular, aunque no dejan de usar el lino rosa, los zapatos de golf y los sombreros chic, las mascadas de seda y las gafas de moda; sus expresiones son a favor de la “democracia”, en un gobierno donde el presidente Andrés Manuel López Obrador es el segundo hombre mejor calificado del mundo, precisamente por ser un demócrata; marchan contra la inseguridad quienes la propiciaron cuando tuvieron la oportunidad histórica de combatirla y se asociaron con los narcos, provocando una guerra con violencia desmedida que tiene ensangrentado al país; marchan de la mano con sus asesinos que provocaron la debacle en un acto de hipocresía y ausencia de memoria, donde el único orador es aliado también de la oligarquía que aplastó por décadas a los vulnerados que no marcharon.
La marcha de los privilegiados que hacen valer su derecho en paz y con todas las garantías que la Constitución otorga. Qué paradoja absurda.
