La reciente aprobación de la Reforma Judicial en México desató una ola de preocupación entre expertos, universitarios y ciudadanos.
La nueva ley, que entrará en vigor lo más pronto, establece que la elección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistrados de los Tribunales Electorales y Federales, y Jueces de distrito, se llevará a cabo mediante voto popular directo y secreto.
A primera vista, esta medida parece promover la participación ciudadana y la democratización del poder judicial. Sin embargo, un análisis más profundo revela una amenaza a la independencia judicial y la separación de poderes, pilares fundamentales de un estado de derecho.
El peligro de la politización: La reforma judicial, en su afán de “democratizar” la elección de jueces, ignora un principio básico: la independencia judicial.
Al someter la elección de los jueces al voto popular, se abre la puerta a la politización del poder judicial. Los partidos políticos, con sus intereses particulares, tendrán un papel determinante en la selección de los candidatos, lo que podría llevar a la designación de jueces afines al gobierno en turno.
Un sistema vulnerable a la influencia: La nueva ley establece que el Senado de la República publicará una convocatoria para la integración del listado de candidaturas, que contendrá las etapas del procedimiento, fechas, plazos, y cargos a elegir.
Además, los Poderes de la Unión postularán el número de candidaturas que corresponda a cada cargo. Este proceso, lejos de garantizar la independencia judicial, la debilita. Los partidos políticos, con su control sobre el Senado y los Poderes de la Unión, tendrán la posibilidad de influir en la selección de los candidatos, favoreciendo a aquellos que compartan sus intereses y muchas veces corrupción.
El riesgo de la inexperiencia:
La reforma judicial también establece que los candidatos deben presentar un ensayo de tres cuartillas donde justifiquen los motivos de su postulación y remitan cinco cartas de referencia de sus vecinos, colegas o personas que respalden su idoneidad para desempeñar el cargo. Este requisito, además de ser poco práctico, no garantiza la experiencia y la formación jurídica necesarias para ocupar un cargo tan importante. Es posible que personas sin la preparación adecuada puedan acceder a la judicatura, lo que podría poner en riesgo la calidad de la justicia en México.
Un retroceso para la democracia:
La reforma judicial, en lugar de fortalecer la independencia judicial, la debilita. Al someter la elección de jueces al voto popular, se abre la puerta a la politización del poder judicial, lo que podría llevar a la designación de jueces afines al gobierno en turno. Este cambio, lejos de ser un avance para la democracia, representa un retroceso que podría tener consecuencias negativas para la impartición de justicia en México.
Es necesario un debate profundo:
La reforma judicial es un tema complejo que requiere un debate profundo y una reflexión crítica. Es fundamental que se analicen las posibles consecuencias de esta ley y se busquen alternativas que garanticen la independencia judicial y la separación de poderes. La justicia en México necesita jueces independientes, con la formación y la experiencia necesarias para garantizar un sistema judicial confiable y justo.
