Diana Medina
Las alcaldías podrán crear programas sociales, y estos no estarán condicionados a la disposición presupuesta.
Esto quedó plasmado en el dictamen que avala la expedición de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, promovida por el jefe de gobierno, Martí Batres y aprobada en sesión extraordinaria por el pleno del Congreso de la Ciudad de México.
La discusión de este documento se pospuso una semana antes del proceso electoral, toda vez que la oposición acusó a Lorena de querer borrar los programas sociales impulsados por las 16 alcaldías.
Para impedir que esto se aprobara, se tuvieron que aceptar dos reservas: al artículo 4 para quitar que las políticas de bienestar estuvieran exigibles a la disposición presupuestal; y al 58 de la misma ley para que los programas sociales que implementen las alcaldías se coordinen con las áreas del Gobierno de la Ciudad, con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar duplicidad.
“Esto con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos”, señalaron los legisladores.
Al hacer uso de la voz, el coordinador del PAN, Federico Döring, aplaudió que después de la crisis haya existido un espacio para el diálogo con el grupo mayoritario, para corregir una redacción desafortunada.
“Esta nueva redacción nos permite sortear este primer escollo, en eso quiero agradecer a la diputada Martha Ávila y a todos los que contribuyeron a esta nueva redacción, que nos permite, en este tema, avanzar y pasar de un desencuentro, a un acuerdo en beneficio de todos los capitalinos”, apuntó.
No obstante, quienes continuaron en contra de eso fueron sus compañeros de bancada, Daniela Álvarez y Ricardo Rubio, quienes dijeron que las alcaldías ahora deberán pedir permiso al gobierno para aplicar programas sociales.
Esto fue aprobado por 34 votos, y la abstención de Federico Döring.
Esta ley debe orientar a garantizar una vida libre de pobreza y a una disminución sustantiva de las desigualdades en la Ciudad de México.
