Por Araceli Olivares
Al presentar el reporte de Cero Impunidad, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, resaltó sobre la detención de Armando ‘N’, “El Patrón”, por asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó contra el periodista Ciro Gómez Leyva.
El imputado fue detenido en Delano, California, Estados Unidos, y puesto a disposición ante un juez para su extradición.
Por otra parte, informó sobre los jueces que con sus resoluciones presuntamente favorecen a delincuentes. Precisó que en el periodo que se reporta, se registraron cuatro casos.
Se refirió a los magistrados José Pablo Pérez Villalba y Rubén Arturo Sánchez, así como al licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, secretario en funciones del magistrado, por otorgar un amparo a Mario Aburto, homicida confeso de Luis Donaldo Colosio, para dejar insubsistente la sentencia de 45 años de prisión decretada el 22 de diciembre de 1994.
En el caso Ayotzinapa, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, María Isabel Bernal Hernández, otorgó una suspensión definitiva en favor de Tomás Zerón, para que funcionarios de la Segob se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad en el caso de la desaparición de los 43 normalistas
Además, concluyó, que si bien, las víctimas tienen derecho a conocer la verdad del caso y a conocer sobre los avances de la investigación, las autoridades deben abstenerse de brindar información sugestiva hasta acreditar la responsabilidad del imputado, informó el subsecretario de Seguridad.
Señaló al juez Gerardo Genaro Alarcón López por negar la orden de aprehensión contra Genaro García Luna, por el delito de enriquecimiento ilícito bajo el argumento de que no basta que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial.
Esta determinación fue confirmada el 28 de septiembre de 2023 por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.
Denunció al Juez Luis Joel Escalante Pavía por calificar de ilegal la detención de siete personas, presuntas generadoras de violencia en Tabasco, y con ello declaró nulos los actos de investigación recabados con motivo de la detención y ordenó la inmediata libertad de todos los detenidos por violación a sus derechos fundamentales.
