Por Pablo Daniel N
México aún está lejos de erradicar las detenciones arbitrarias, señaló la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En reunión con el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, indicó que los datos entregados sobre nuestro país revelan un aumento de las desapariciones forzadas y la persistencia de violaciones fundamentales al debido proceso en las detenciones, incluyendo, las prácticas de tortura.
Se refleja el abuso de la prisión preventiva oficiosa, así como la existencia de políticas y prácticas centradas en las detenciones indebidas de migrantes.
Piña Hernández admitió que existen grandes pendientes para lograr un sistema especializado y efectivo de justicia penal para adolescentes.
Manifestó que son conscientes de que se ha ampliado la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública y de que existen condiciones inadmisibles para muchas personas en los centros de internamiento penitenciario.
Subrayó que también se enfrentan retos adicionales relacionados con la efectiva garantía de la independencia judicial en México, particularmente, en lo relativo a la adecuada y suficiente asignación presupuestaria indispensable para atender el incremento continuo en la demanda de justicia federal que se ha registrado en los últimos cinco años.
“Como lo he referido en otros foros, una disminución presupuestal al Poder Judicial Federal, entre otras cuestiones, detendría la consolidación efectiva del sistema penal acusatorio e impediría al Instituto de la Defensoría Pública seguir representando de manera gratuita a las personas más vulnerables, en un escenario en el cual la demanda ciudadana de defensores y asesores registra un crecimiento de 20 por ciento anual.
“Por eso, en el espíritu de colaboración plena, ahora y hacia el futuro queremos establecer con ustedes y les solicito respetuosamente, pero de frente y sin rodeos, considerar en su evaluación de país y las recomendaciones indispensables que puedan formularnos para combatir las detenciones arbitrarias, el valor indispensable de la independencia judicial y su respeto, esto debe reflejarse en condiciones políticas, jurídicas y materiales que garanticen la actuación imparcial y efectiva de la judicatura, sin riesgos a la seguridad personal, a la estabilidad laboral y financiera, ni a la continua profesionalización de los integrantes de la judicatura”, expresó.
