Ricardo Peralta Saucedo
Al ministro instructor que conoce de las controversias en materia de constitucionalidad de normas de lo electoral le obliga el segundo párrafo del artículo 68 de la Ley Reglamentaria, de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, único órgano especializado constitucional en dicha materia a efecto de solicitarle de elementos para poder instrumentar cualquier resolución en la misma; existe un vacío legal, ya que la Constitución no refiere expresamente alguna prohibición para que la Suprema Corte se pronuncie al respecto.
El amparo concedido por el ministro Javier Laynez Potisek en contra de la inaplicabilidad de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión a leyes secundarias en materia electoral, donde se han modificado más de 400 artículos que reconstituyen la operación política, financiera y organizacional del Instituto Nacional Electoral, entran también en la discusión política de la coyuntura y relación institucional entre los poderes.
Si bien es cierto que los órganos jurisdiccionales deben ser absolutamente jurídicos y no tener ninguna presión o injerencia de carácter ideológico más que el texto constitucional, también es claro que los miembros de la Corte tienen un criterio personal para darle vida a la viabilidad de una norma propuesta o acción del Estado mexicano.
Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación juega su papel de equilibrio de poder, desde su fundación, han existido la participación de actores a favor y en contra de las intenciones gubernamentales, en la Cuarta Transformación se propusieron algunos miembros que, de manera destacada, se han sujetado al compromiso constitucional con todo rigor, sin olvidar a quiénes se deben en lo ideológico y político, y que su postulación no necesariamente es por los méritos, sino por una entregada comisión de lealtad a la patria y a un proyecto de nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha expresado su arrepentimiento con algunas de sus propuestas en la Corte, ya que no solamente han traicionado a un referente, sino a un legado político; la historia las juzgará.
El conocido plan B, aun con las risas infantiles, burlonas y soberbias, es un primer intento de una batalla que tendrá que fortalecerse desde lo constitucional en una legislatura posterior, se queda como antecedente de dónde les dolió y que todo lo que se tiene que hacer debe hacerse con inteligencia, legalidad y con estricto apego a nuestra Carta Magna.
El fortalecimiento de nuestra democracia no está sujeto a caprichos de nadie, pero sí espera una reforma constructiva que acabe con privilegios, agilice y facilite los derechos políticos con una base de austeridad republicana, donde su acceso sea universal y se elimine la oligarquía que, en contubernio con una cúpula que hoy ríe a carcajadas, también está sujeta al escrutinio masivo del juicio popular. El que ríe al último ríe mejor.
